Los parámetros éticos de comportamiento de los servidores, consultores y proveedores de la Empresa, están recogidos, de manera indirecta, en la normativa nacional y, de manera directa, en el Código de Buen Gobierno que adoptó la Empresa mediante la Resolución JS-001 del 16 de diciembre de 2008. El título VIII, Capítulo I del Código, recoge los aspectos generales y los valores éticos que declarados por el Metro de Medellín.
Íntimamente relacionado con lo anterior, el Acuerdo Municipal No. 65 del 19 de Diciembre de 2008, estableció la adopción de la Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad en el Municipio de Medellín, a fin de promover el fortalecimiento y mejoramiento continuo en dicha materia y que la misma se convierta en un instrumento que logre la aplicación de los 14 principios en la gestión pública.
En cumplimiento de dicho Acuerdo, la Gerencia General del Metro de Medellín expidió la Resolución 5266 de 2009, por medio de la cual se adoptó la Política Pública de Transparencia Administrativa del Metro de Medellín Ltda, y se conformó el Comité Institucional de Transparencia Administrativa y Probidad, que tiene como función principal velar por el real cumplimiento de la referenciada política.
Posteriormente y, con la intención de armonizar y concordar la Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad con las nuevas disposiciones y normativa que sobre el tema se han expedido, la Empresa adoptó la Política Antifraude y Anticorrupción contenida en la Resolución 8050 del 20 de agosto de 2015, de la Gerencia General. Esta Política estableció un catálogo de estrategias y acciones necesarias para la la prevención, detección y sanción de la corrupción y el fraude.
Como estrategia transversal de la Política Antifraude y Anticorrupción, se definió la necesidad de establecer canales de comunicación eficaces, seguros y confidenciales para que todos los actores que resultan impactados por la Política, incluyendo la ciudadanía en general, comuniquen comportamientos que según su criterio y evidencias, sean transgresores de la misma. Es en este escenario donde el “CONTACTO ÉTICO” se convierte en un canal de comunicación ágil, seguro y confidencial para poner en conocimiento dichos comportamientos.
Lo dicho en líneas anteriores conversa estructuralmente con La Ley 1474 de 2011, ley que se ha denominado “Nuevo Estatuto Anticorrupción”. El Estatuto estableció como obligación para todas las entidades públicas implementar un sitio en su página web principal, para que los ciudadanos presenten peticiones, quejas, reclamos y sugerencia (PQRS) relacionados con actos de corrupción y fraude, a fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de dichos actos y la efectividad del control de la gestión pública.
El canal de comunicación “CONTACTO ÉTICO” se dará por medio de un correo electrónico exclusivo para tales efectos. Este correo será administrado por el Asesor en Gestión, quien, una vez recopilada la información remida, dará traslado a la dependencia competente en la Empresa, para que se tomen las decisiones y se inicien las investigaciones a que hubiere lugar.
Este medio no excluye la posibilidad de radicar las PQRS a la sede administrativa de la Empresa, por medio de documentación física.
El “CONTACTO ÉTICO” no es un canal de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionados con el servicio que presta la Empresa. Para ello existen otros canales de comunicación. En el “CONTACTO ÉTICO” se podrán informar comportamientos fraudulentos, es decir, actos ilegales caracterizados por el engaño, ocultación o violación de la confianza. Estos comportamientos no requieren de amenazas de violencia o de fuerza física. Los fraudes pueden ser perpetrados por individuos o por organizaciones para obtener dinero, bienes, servicios, para evitar pagos o asegurar ventajas.
La Empresa entiende que el fraude no se restringe a los tipos penales que así han sido denominados, esto es, al Fraude Procesal o al Fraude mediante cheque, sino a todos aquellos hechos caracterizados por engaño, ocultación o violación de la confianza. Así por ejemplo, es fraudulenta, además de delictual, la presentación de certificaciones o documentos falsos por un proveedor; la presentación de documentos falsos por un servidor o futuro servidor para lograr su selección, promoción o ascenso; el abuso de confianza o el peculado de un servidor a través de operaciones o acciones fraudulentas.
Igualmente, podrán informarse comportamientos corruptos, es decir, todos aquellos comportamientos deshonestos realizados por los servidores o contratistas que realiza función pública, cuando dichos comportamientos sean contrarios a los intereses de la Empresa, y en nuestro caso a los fines de la función pública, abusando de su posición de confianza para alcanzar alguna ventaja personal para él o para otra persona.
Esta definición no excluye la corrupción privada, en el entendido de que en muchos casos, el acto corrupto del servidor público requiere del concurso de otro acto de corrupción realizado por un particular que está dispuesto a dar u ofrecer con intensión de desviar el interés de la Empresa y del servicio público en su propio beneficio o lucro.
Estas definiciones genéricas de fraude y corrupción se concretan de manera específica en distintas conductas consideradas delitos, faltas disciplinarias y/o en prohibiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
La recolección, trámite y seguimiento a las PQRS que se conozcan por los medios de “CONTACTO ÉTICO”, se tramitarán conforme al siguiente protocolo:
El Asesor en Gestión recibirá la PQRS tomando todas las medidas de reserva y/o confidencialidad que el caso amerite. El Asesor en Gestión hará las gestiones necesarias para asignar un número de radicado a la PQRS, con la intención de que el quejoso haga seguimiento al trámite. Una vez radicada la PQRS, el Asesor en Gestión hará el análisis del caso y remitirá el trámite a la dependencia de la Empresa que considere pertinente, lo que se informará al quejoso. Si el Asesor en Gestión considera que la PQRS amerita emprender acciones de naturaleza penal, fiscal, administrativa o de naturaleza indemnizatoria, dará traslado de dichas actuaciones a la autoridad competente. Finalmente, el Asesor en Gestión deberá informar al quejoso las decisiones o acciones que producto se su PQRS se tomaron Institucionalmente.
La atención a las PQRS descritas se realizará a través del email: